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Seminario Permanente Seguridad Nacional, Sociedad Digital y Ciberdelito

Observatorio · Análisis

"Fue negligencia tuya" ya no basta: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea refuerza tu derecho al reembolso ante las estafas bancarias

Juan Francisco Gómez, miembro del Grupo Sexto (Ciberdelitos) de Policía Nacional y del Seminario Permanente, analiza el derecho al reembolso de los pagos no autorizados y las medidas que pueden adoptar las víctimas de estafas bancarias.

Juan Francisco Gómez

Grupo Sexto (Ciberdelitos) de Policía Nacional.

Miembro del Seminario

Puedes seguir esta publicación en el perfil de LinkedIn de Juan Francisco Gómez.

Una mujer muestra su teléfono móvil y documentación a una empleada en una oficina bancaria.

Recibes un mensaje que parece de tu banco. Después llega una llamada que refuerza el engaño y, cuando te das cuenta, el dinero ya ha salido de tu cuenta. Reclamas a la entidad y la respuesta apunta hacia ti: facilitaste tus claves, compartiste un código, actuaste con negligencia. Pero ¿puede el banco apoyarse en ese argumento para negarse a devolverte el dinero? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aclarado que, cuando se trata de una operación no autorizada, esa supuesta negligencia no basta para rechazar el reembolso inmediato.

Un proveedor escribe para avisar de que ha cambiado la cuenta donde debes realizar una transferencia. La factura coincide con el pedido pendiente y el correo llega en el mismo hilo de una conversación que parece normal. Administración hace la transferencia. Días después, el proveedor reclama el pago.

Ambas empresas han sufrido una estafa y la respuesta que da su entidad bancaria siempre es la misma: “fue tu negligencia”.

La sentencia de 15 de octubre de 2026, asunto C-70/25, Tukowiecka, interpreta los artículos 73 y 74 de la Directiva (UE) 2015/2366, conocida como PSD2 (segunda Directiva de servicios de pago). Su conclusión es relevante: el banco no puede negarse al reembolso inmediato de un pago no autorizado alegando que el cliente lo hizo posible por negligencia grave. La eventual responsabilidad del cliente puede discutirse después.

La sentencia establece que, salvo la excepción legal por sospecha fundada de fraude del propio usuario y cumplido el deber de comunicar la operación sin demora injustificada (en cuanto se tenga conocimiento de ella y, como regla general, dentro de los 13 meses siguientes al cargo), la devolución debe realizarse inmediatamente y, como máximo, al finalizar el siguiente día hábil desde que el banco detecta la operación o recibe aviso. Además, debe restablecer la cuenta como si el pago no hubiese ocurrido, con una fecha de valor del abono no posterior a la del cargo original.

Esto no convierte el reembolso en definitivo ni elimina las obligaciones del usuario. Existen excepciones al reembolso inmediato:

  1. Motivos razonables para sospechar que el usuario ha participado en la estafa.

  2. Comunicación de esta circunstancia de forma escrita a la autoridad competente.

Por lo tanto, que una víctima haya facilitado sus claves como consecuencia de una estafa no significa, por sí solo, que haya participado en el fraude ni permite al banco rechazar el reembolso alegando negligencia grave.

En España, estas obligaciones están recogidas en el Real Decreto-ley 19/2018, de servicios de pago. Su artículo 45 establece la devolución inmediata de las operaciones no autorizadas y concreta que, si la entidad tiene motivos razonables para sospechar fraude, debe comunicarlos por escrito al Banco de España. La sentencia europea aclara cómo debe interpretarse esta obligación: alegar negligencia grave del cliente no permite al banco aplazar el reembolso mientras se discute quién debe asumir finalmente la pérdida.

Hay otra regla que conviene conocer: que una operación se haya realizado utilizando las claves del cliente no demuestra, por sí solo, que este la autorizara ni que actuara con negligencia grave. El artículo 44 del mismo real decreto-ley exige al proveedor aportar pruebas para acreditar el fraude o la negligencia grave del usuario. Por eso, una respuesta del tipo "se utilizaron sus claves" no basta para resolver la reclamación: es necesario analizar cómo se obtuvieron y utilizaron esas credenciales y qué ocurrió realmente durante el engaño.

La consecuencia es importante: el banco no puede limitarse a atribuir negligencia al cliente y dejar que sea este quien acuda a los tribunales para recuperar su dinero. Debe efectuar primero el reembolso y, si considera que el cliente debe asumir finalmente la pérdida, reclamar después y demostrar los motivos.

Este criterio puede aplicarse a fraudes mediante phishing, smishing, spoofing, BEC o MITM, siempre que den lugar a operaciones de pago no autorizadas; la técnica utilizada para engañar a la víctima no determina, por sí sola, el derecho al reembolso.

Matiz que una empresa no debería pasar por alto

En una operación no autorizada, un tercero puede haber usado credenciales obtenidas mediante engaño para ordenar el pago. En cambio, en una factura manipulada, un empleado puede haber ordenado la transferencia creyendo pagar al proveedor.

La devolución inmediata prevista para pagos no autorizados no se extiende automáticamente a este segundo escenario. Habrá que examinar el consentimiento, el funcionamiento del servicio y las obligaciones que correspondían a cada interviniente. El Banco de España recomienda comunicar cuanto antes estos fraudes para intentar recuperar los fondos.

Tampoco basta con decir que el afectado es "una pyme". El artículo 34 permite ciertos pactos para usuarios que no sean consumidores ni microempresas; no incluye el artículo 45 entre las exclusiones generales. Además, para usuarios no consumidores puede pactarse otro plazo de notificación. Hay que revisar el contrato concreto.

La utilidad de un análisis técnico está precisamente ahí: documentar quién accedió, qué instrucciones recibió la víctima, qué operación se mostró y cómo se confirmó.

Qué hacer cuando se detecta la estafa

La respuesta puede organizarse en cinco tareas. Varias deben ponerse en marcha al mismo tiempo.

  1. Avisar al banco y dejar constancia. Utiliza un canal oficial. Identifica las operaciones y solicita las medidas de bloqueo y recuperación que procedan, incluida la comunicación con la entidad receptora. Guarda la referencia del aviso y presenta la reclamación por escrito. No esperes a terminar un informe técnico para comunicar el fraude, ya habrá tiempo para ampliar la información.

  2. Conservar los originales. Guarda el correo en su formato original, con cabeceras y adjuntos; conserva también mensajes, facturas y justificantes. Una captura ayuda a explicar lo sucedido, pero puede dejar fuera información necesaria para analizarlo.

  3. Contener el acceso. Si hay indicios de una cuenta comprometida, pide al responsable que revoque sesiones, cambie credenciales y revise reglas de reenvío y permisos. Coordina estas medidas con la conservación de registros. Evita formatear o borrar por iniciativa propia los dispositivos implicados.

  4. Preparar una cronología y denunciar. Anota cuándo llegó el primer contacto, qué se pidió, quién intervino, cuándo salió el dinero y cuándo se avisó al banco.

  5. Coordinar la reclamación. El equipo técnico debe explicar los hechos que puede acreditar. La dirección y el asesoramiento jurídico podrán valorar, con ese material y el contrato bancario, qué reclamación corresponde. El informe técnico debe reflejar también sus límites: una IP o un registro aislado rara vez cuentan toda la historia.

Recomendaciones para las empresas: prevenir también es ordenar cómo se paga

Como medidas internas, propongo verificar cualquier cambio de IBAN mediante un teléfono ya conocido, exigir una segunda aprobación para pagos sensibles y establecer un canal rápido para avisar de sospechas.

La comprobación pierde utilidad si llamamos al número que figura en el mismo correo que estamos intentando verificar. Y el doble control aporta poco si la segunda persona solo confirma que la factura está adjunta.

Conviene ensayar también la respuesta: quién llama al banco, quién conserva los correos y quién coordina el incidente. Son decisiones que resulta mucho más fácil tomar antes de tener una transferencia fraudulenta delante.

La sentencia del TJUE aporta un argumento relevante para reclamar pagos no autorizados. Para una empresa, el trabajo empieza por documentar bien el caso. Una explicación precisa del engaño y unas pruebas conservadas a tiempo permiten valorar las vías de recuperación con más fundamento.


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